Ley para penar los dichos negacionistas de la dictadura

La diputada peronista Silvina Nardini reflotó un proyecto de la exlegisladora Susana González penar los dichos negacionistas sobre la última dictadura militar y la Campaña del Desierto.

En medio de la batalla cultural acerca de los posicionamientos respecto a la última dictadura militar, en las últimas horas la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Silvina Nardini, reflotó un proyecto de ley para crear un Consejo Provincial destinado a penar las expresiones negacionistas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa ingresó originalmente en 2022 bajo la firma de la exlegisladora ensenadense Susana González, pero perdió estado parlamentario tras no ser debatido en el recinto. En ese marco, el expediente reapareció por impulso de Nardini en medio de la reactivación del debate por la proliferación de expresiones negacionistas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y al etnocidio contra los pueblos originarios en los siglos XIX y XX.

“La historia de América Latina y nuestro país ha demostrado lo difícil que resulta construir democracia con Memoria, Verdad y Justicia. Las flagrantes violaciones de DDHH de la dictadura cívico militar, los juicios y leyes del año 1983 y la larga lucha de organismos como Madres, Abuelas, Hijos y Familiares, entre otros, dan cuenta de la complejidad de lo expuesto”, expresó González en los fundamentos.

En rigor, el expediente promueve la implementación de un “Consejo Provincial de Promoción de Políticas contra el Negacionismo del Terrorismo de Estado”. Este organismo tendrá como objetivo promover y desarrollar políticas de prevención, identificación, denuncia y difusión frente a conductas que minimicen, nieguen o relativicen los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos.

En tanto, el espacio provincial contará con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Defensor del Pueblo, quienes deberán crear una base documental sobre el negacionismo en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, además de impulsar instancias de reflexión y concientización sobre las consecuencias del Terrorismo de Estado.

“En los últimos años, cobraron relevancia dos nuevas operaciones. Por un lado la puesta en duda de la cifra de los ‘30000’ detenidos desaparecidos, y por otro la acusación de corrupción al movimiento de derechos humanos, incluyendo los reclamos de indemnizaciones económicas a las víctimas por el daño sufrido como consecuencia del terrorismo de Estado, como una forma de acceder a recursos de manera arbitraria”, sentenció González.

Frente a este escenario, la iniciativa oficialista apunta a desarrollar un mecanismo de identificación de conductas públicas negacionistas y de recepción de denuncias. El registro servirá como insumo a la administración provincial para elaborar protocolos de intervención ante manifestaciones de ese tipo, a través de dispositivos institucionales.

En el mismo sentido, el Consejo podrá poner en conocimiento de las instancias pertinentes a aquellas personas o grupos que lleven adelante acciones o asuman posiciones negacionistas. Incluso, el órgano interministerial podrá constituirse como querellante cuando la situación habilite una instancia judicial.

Otro de los puntos centrales del planteo incorpora al tratamiento del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI), cuando las conductas negacionistas guarden relación con violaciones a los derechos humanos de estas comunidades, en línea con otros antecedentes provinciales que salvaguardan la memoria de los pueblos originarios.

Por caso, el texto también prevé sanciones para las personas que ejerzan la función pública, en todos los niveles y jerarquías del sector público provincial, y lleven adelante prácticas o asuman posiciones negacionistas. En estos casos, los funcionarios deberán afrontar los procedimientos administrativos disciplinarios previstos en el régimen propio de su función.

“Las acciones cometidas por miembros del Estado o grupos que cuenten con su ‘anuencia’, también deben ser entendidos como crímenes de lesa humanidad, rigiéndose las acciones de los particulares por las reglas del derecho común”, fustigó González al respecto.

Vale precisar que la exlegisladora del Frente Grande también llevó su planteo al Honorable Concejo Deliberante de Ensenada, con el objetivo de darle fuerza al tratamiento legislativo. En ese contexto, el cuerpo deliberativo local solicitó a la Cámara baja bonaerense en 2022 la incorporación de la comunidad afrodescendiente dentro de los alcances de la iniciativa que finalmente obtuvo dictamen favorable en 2025 por parte de la comisión de Derechos Humanos de Diputados.

“Este Cuerpo Deliberativo solicita tener en cuenta, la incorporación de la comunidad afro cuando las conductas negacionistas guarden relación con violaciones a Derechos Humanos de la comunidad afro, afroargentina y su diáspora respecto a su invisibilización o como cuando se haga referencia a las víctimas de la trata transatlántica de personas con fines esclavistas”, plantearon los ediles ensenadenses en la presentación dirigida al Legislativo provincial.

El regreso de la presentación de González se enmarca en una avanzada de legisladoras de Fuerza Patria para endurecer las respuestas institucionales frente a los discursos negacionistas en el ámbito provincial. De hecho, este mes la senadora del Frente Renovador, Malena Galmarini, también presentó un proyecto orientado a prevenir y sancionar actos de negacionismo respecto del Terrorismo de Estado.

Según precisó la legisladora de la Primera sección, la iniciativa tiene el objetivo de contribuir a la erradicación de la postura negacionista a través de capacitaciones obligatorias para aquellos que se desempeñen sector público bonaerense, y de sanciones en el caso de funcionarios.

“En Argentina, no se ha incorporado leyes que penalicen el negacionismo frente al Terrorismo de Estado, aunque existen normas que sancionan la apología del delito y podrían aplicarse a quienes y minimizan o justifican los delitos de lesa humanidad. Lamentablemente, fiscales y jueces no siempre han sido receptivos a instruir condenas de este tipo”, consideró la dirigente massista.

Si bien no es materia provincial crear figuras penales, Galmarini argumentó que su iniciativa busca promover medidas tendientes a la sanción del negacionismo como infracción provincial, tal como ocurre en países europeos como Alemania e Italia respecto a los crímenes del fascismo durante el Siglo XX.

“Debe entenderse el negacionismo como una narrativa antihumanitaria, desconocedora de los derechos elementales de las personas y antidemocrática, que sin dudas debe confrontarse no solo por la sociedad civil sino mediante políticas públicas dirigidas a este fin”, justificó la impulsora original de la iniciativa que hoy vuelve a reactivarse en la discusión legislativa.